Washington/La Habana, Washington mantiene su postura agresiva contra la isla socialista de Cuba. La última escalada: sanciones contra el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y otros altos funcionarios del gobierno. Oficialmente, el Departamento de Estado de EE. UU. justifica la medida con supuestas "graves violaciones de derechos humanos" durante las protestas antigubernamentales de julio de 2021. La realidad es completamente distinta, y tiene poco que ver con hablar de derechos humanos, sino con el ejercicio del poder imperial y el control económico de un país resistente.
Además de Díaz-Canel, entre los afectados por las nuevas medidas se encuentran el ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas. Según Washington, son responsables de la supuesta "brutalidad del régimen", una retórica que siempre se utiliza en el arsenal de la política exterior estadounidense cuando los estados soberanos no están dispuestos a subordinarse a los intereses geopolíticos estadounidenses.
Sin embargo, las protestas de 2021, esto también está bien documentado, no solo fueron una expresión de descontento interno, sino, sobre todo, fueron el resultado de décadas de bloqueo económico ilegal por parte de Estados Unidos, que sistemáticamente priva de alimentos al pueblo cubano. Las sanciones frenan el desarrollo económico, impiden el comercio, bloquean el suministro de ayuda y provocan escasez de alimentos, medicamentos y energía. Las consecuencias son tensiones sociales, precisamente las que Washington utiliza como pretexto para sus medidas de "derechos humanos".
El hecho de que el gobierno estadounidense esté tomando medidas agresivas contra Cuba una vez más, no es casualidad: es expresión de una campaña imperial calculada contra cualquier proyecto de emancipación social. Al comienzo de su segundo mandato, Donald Trump volvió a incluir arbitrariamente a la isla en la llamada lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos, una estrategia propagandística que no se basa en estándares internacionales objetivos, sino que sirve como herramienta de presión política para disciplinar a gobiernos indeseables. El supuesto "discurso de derechos humanos" de la administración estadounidense no es más que una fachada cínica para legitimar su propia política global de violencia. Mientras Washington acusa a Cuba de forma generalizada de presuntas violaciones de derechos humanos, guarda un silencio vociferante ante los crímenes sistemáticos de sus cómplices más cercanos, como la ocupación israelí y las políticas de apartheid o las dictaduras del Golfo, que invierten miles de millones en armas y petróleo.
A pesar de los reiterados llamamientos de las organizaciones miembros de la ONU y de la abrumadora mayoría de la comunidad internacional para que se levante el bloqueo, Estados Unidos continúa agravando la situación. Las sanciones afectan no solo a los responsables políticos, sino también, y, en primer lugar, al pueblo cubano. Son expresión de un intento sistemático de desestabilizar al Estado socialista aislándolo políticamente y estrangulándolo económicamente.
La solidaridad internacional con Cuba es hoy más urgente que nunca. Lo que se necesita no son solo palabras, sino presión política: para el levantamiento del bloqueo, para el fin de las sanciones que violan el derecho internacional y para el respeto del derecho del pueblo cubano a la autodeterminación. A pesar de todas las adversidades, Cuba ha garantizado educación, salud y seguridad social a millones de personas, beneficios inalcanzables incluso en muchos países capitalistas ricos.
(Zeitung der Arbeit)
(Fuente: Embajada de Cuba en Austria).
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